El Gobierno destaca que sus planes contra la sequía facilitan el abastecimiento de agua a la población y a los sectores productivos

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha analizado el Informe sobre la Gestión de la Sequía en 2023 que refleja que la reserva de agua en los embalses ha disminuido en los últimos diez años.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, ha incidido en que el año hidrológico, que empezó el 1 de octubre de 2022 y termina el próximo 30 de septiembre, ha sido muy seco.

La precipitación bajó un 17,1% respecto a la media del periodo 1991-2020, y la reserva hídrica se encuentra al 37%. Las cuencas del Guadalquivir (19,15%), las interiores de Cataluña (23,3%), las de Guadalete (17%%), Barbate (16,5%) y las mediterráneas andaluzas (25%) son las que atraviesan una situación más grave.

Ribera ha resaltado que la reciente DANA ha supuesto un alivio en algunas zonas y ha mejorado la humedad del suelo, pero no ha generado un cambio significativo en el agua disponible. Puede llover lo mismo a lo largo de un año que concentrado en dos o tres semanas, pero en el segundo caso es muy difícil retener el agua, ha argumentado.

Actuaciones del Gobierno para afrontar la sequía

La emergencia climática causa sequías cada vez más frecuentes e intensas, por lo que el Gobierno, según ha explicado la vicepresidenta, ha respondido desde el principio de la legislatura con acciones e inversiones constantes en todas las cuencas hidrográficas, que suman 12.000 millones de euros, destinados a impulsar la desalación y reutilización del agua, así como a mejorar las conducciones e infraestructuras de regulación.

A esta dotación se suman 3.060 millones del PERTE de digitalización del ciclo del agua y 2.130 millones para la modernización de regadíos, con el fin de reducir fugas y pérdidas.

Teresa Ribera ha avanzado que el Ejecutivo está revisando los Planes Especiales de Sequía aprobados en el año 2018 para facilitar su gestión. A su juicio, la aplicación de estos planes ha sido «particularmente importantes este año, facilitando la garantía de abastecimiento para toda la población, minimizando el impacto de la sequía en los sectores productivos, lo que no significa que no haya impactos, sino que se minimizan y se garantiza el mantenimiento de los ecosistemas».

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa RiberaLa vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Fernando Calvo

No obstante, la vicepresidenta considera que hay que intervenir en supuestos de emergencia, que requieren una reacción ágil e inmediata, y apoyar a los afectados que ven restringido su acceso a los volúmenes de concesión de agua para regadío con medidas complementarias, eximiéndoles del pago de cánones, activando pozos de emergencia, garantizando el abastecimiento a la población con más problemas de suministro o subvencionando el agua desalada.

Ribera ha añadido que España llega al final de un año hidrológico particularmente seco «sin prácticamente ninguna incidencia desde el punto de vista del abastecimiento», salvo algún problema en pueblos pequeños o zonas aisladas y limitaciones puntuales a usos no esenciales para la población o restricciones en algunos sistemas de riego.

Efectos de la sequía en el sector agrario

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha señalado que la consecuencia más significativa de la sequía es la menor producción de alimentos, tanto en los cultivos de secano como en los regadíos.

En el caso de los cereales, la producción prevista es de 11 millones de toneladas, cuando las cosechas se sitúan habitualmente entre los 18 y los 24 millones, lo que obligará a importar más para cubrir el consumo interno.

La disminución también ha sido muy notable en el aceite de oliva: si la campaña media roza los 1,4 millones de toneladas, la de este año rondará las 663.000 toneladas. Esto ha provocado un «incremento significativo» del precio del aceite, ha dicho el ministro, quien ha adelantado que las lluvias de este mes pueden contribuir a que la próxima campaña sea más abundante, aunque es probable que no supere el millón de toneladas.

Menor ha sido la caída en el caso de la uva de vinificación: frente a los 41 millones de hectolitros del año pasado, la cosecha prevista para este es de unos 36 millones. El titular de Agricultura, Pesca y Alimentación confía en que las existencias almacenadas permitan mantener «relativamente estables» los precios y abastecer el mercado.

Planas ha apuntado que, según el Índice de Precios al Consumo conocido hoy, los alimentos se han encarecido en los últimos 12 meses un 10,5%, tres décimas menos que en el indicador anterior, lo que supone una «estabilización con tendencia a la baja».

Medidas de apoyo a agricultores y ganaderos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis PlanasEl ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Fernando Calvo

El ministro ha destacado la eficacia de los seguros agrarios para paliar los daños causados por la sequía. Hasta el 31 de agosto se habían peritado daños por valor de 974 millones de euros, de los que más de la mitad corresponden a indemnizaciones por la sequía que van a percibir agricultores y ganaderos. Además, las subvenciones para la contratación de estos seguros se han elevado este año hasta los 358 millones.

El sector cuenta también con las diversas medidas adoptadas por el Ejecutivo para paliar las consecuencias de la sequía y las derivadas de la guerra en Ucrania. «No hay ningún período de nuestra historia, ni reciente ni antigua, en que se haya dado un apoyo tan significativo al conjunto del sector primario: 3.986,5 millones de euros», ha manifestado. De esa cantidad, 1.380 millones corresponden a ayudas directas: 713 millones se destinan a ayudas específicas por la sequía que van a abonarse a partir del mes de octubre, y el resto están relacionados con la fiscalidad, la liquidez, los fertilizantes, la bonificación del gasóleo y el apoyo al sector pesquero.

Un tercer pilar del apoyo al sector primario es la Política Agrícola Común (PAC), que Luis Planas ha definido como un «instrumento formidable». El ministro ha cifrado en 4.875 millones de euros las ayudas directas para España y ha resaltado que la negociación con Bruselas ha permitido aumentar del 50% al 70% el pago anticipado de esos fondos. España ha conseguido, además, 81 millones de euros, la mayor cantidad del conjunto de la UE, del fondo de reserva de crisis para paliar los daños ocasionados por la sequía, así como otras medidas de flexibilidad y de apoyo a sectores específicos.

Adaptación al cambio climático

Ante la realidad del cambio climático, el titular de Agricultura ha defendido la necesidad de controlar el incremento de las temperaturas y, al mismo tiempo, adaptarse a la situación en materia de producción alimentaria. «Lo decía recientemente la OCDE: necesitamos complementar y aumentar de aquí a 2030 un 28% la productividad del sector primario si queremos no solo mantener nuestros compromisos ambientales, sino también continuar produciendo alimentos», ha indicado.

La solución a ese reto -ha defendido- pasa por la elección de unos cultivos u otros en función del agua disponible, la modernización del regadío, la agricultura y la ganadería de precisión y las nuevas técnicas de edición genética en la producción vegetal.

Reconocimiento a la cooperante Emma Igual y retirada de la condecoración a Pinochet

La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel RodríguezLa ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

El Consejo de Ministros ha concedido la Gran Cruz de Isabel la Católica a Emma Ascaso Igual, la cooperante española fallecida en un ataque ruso en Ucrania. La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Rodríguez, ha recordado que, desde el comienzo de la «agresión ilegal e ilegítima» de Rusia, la cooperante se dedicó a evacuar a la ciudadanía de las zonas de más riesgo. «Desde el Gobierno queremos de este modo reconocer su trabajo y también el de todos los cooperantes españoles que están trabajando sobre el terreno en situaciones de especial dificultad», ha señalado.

También en el capítulo de condecoraciones, el Gobierno ha acordado la retirada de la Gran Cruz al Mérito Militar al dictador Augusto Pinochet, concedida por el régimen franquista en 1975. Esta decisión -ha afirmado Rodríguez- es una muestra de coherencia en el compromiso con los valores democráticos y los derechos y las libertades.

Nuevo sistema aéreo de vigilancia

El Ejecutivo ha autorizado el contrato de adquisición de un nuevo sistema aéreo de vigilancia para sustituir a los aviones de patrulla marítima y los de vigilancia marítima. El valor estimado del contrato supera los 2.000 millones de euros.

La portavoz del Gobierno ha detallado que, en total, se van a fabricar 16 aviones que estarán disponibles en torno al año 2031. La inversión -ha asegurado- mejorará las labores de defensa y también las de seguridad en el tráfico marítimo y las de rescate de personas en emergencias humanitarias, y refleja el compromiso del Gobierno con la industria de la defensa de España y con el empleo en el sector.