El Consejo de Ministros declara zona catastrófica los territorios afectados por incendios en siete comunidades

La Moncloa, Madrid

El Ejecutivo en funciones ha aprobado declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil el área dañada por el incendio de Arafo (Tenerife) y otros 36 incendios forestales registrados desde el 24 de junio en distintos puntos de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Extremadura.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que esta declaración abre la vía para que los ciudadanos que hayan sufrido daños puedan solicitar las ayudas económicas necesarias para recuperar su vida cotidiana. «Este Gobierno siempre ha tenido clara la necesidad de no dejar a nadie atrás cuando se produce una situación de este tipo, una emergencia no se puede dar por concluida hasta que el último de los afectados haya podido recuperar su normalidad», ha resaltado el ministro.

Las ayudas se conceden en base al principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria para complementar las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las comunidades autónomas.

Informe sobre los incendios forestales

El Consejo de Ministros ha analizado el último informe sobre incendios forestales en España que detalla las actuaciones de los ministerios de Interior, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Defensa y Ciencia e Innovación, en esta materia.

El informe recoge que se han registrado 87 fuegos en lo que va de año, 18 de ellos considerados grandes incendios, que han arrasado más de 66.000 hectáreas en todo el territorio nacional.

El ministro ha señalado que no hay que lamentar ni fallecimientos ni lesiones de gravedad como consecuencia de estos incendios, si bien ha sido necesario evacuar a más de 22.300 personas con carácter preventivo.

El titular de Interior en funciones ha añadido que el fuego más importante fue el que se inició en los montes de Arafo, en la isla de Tenerife, que ha afectado a 14.750 hectáreas de 13 municipios y que obligó a evacuar de manera preventiva a más de 13.000 personas.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

A falta de una evaluación más detallada, las emergencias forestales registradas durante este año no han afectado de forma grave a las grandes infraestructuras y no constan incidencias en los servicios de telefonía o telecomunicaciones, aunque el incendio de Tenerife originó interrupciones del suministro de agua potable en algunas zonas.

En cuanto a la Unidad Militar de Emergencias, el ministro ha considerado relevante que solo se haya activado en ocho incendios frente a los 55 que requirieron su intervención el año pasado.

Colaboración autonómica e internacional

Fernando Grande-Marlaska ha afirmado que el Estado mantiene activados todos sus medios de prevención y extinción que apoyan a las comunidades autónomas. Tras enumerar los efectivos desplegados desde las bases distribuidas por el territorio y los medios para la prevención, evacuación e investigación de fuegos, el ministro ha concluido que «el dispositivo del Estado para luchar contra los incendios integra a miles de profesionales experimentados y especialidades».

Además, el ministro ha destacado que «somos una potencia reconocida en todo el mundo y, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil o mediante solicitudes bilaterales, recibimos numerosas peticiones de otros países para que apoyemos sus esfuerzos contra los grandes incendios».

En este sentido, ha recordado que España ha participado en labores de extinción de incendios forestales en Chile el pasado mes de febrero, en Canadá el mes de julio, y en Grecia en agosto. Además, ha calificado de «satisfactorio» el convenio bilateral con Portugal porque permite una respuesta recíproca a las emergencias.

Refuerzo de la prevención ante el cambio climático

El ministro del Interior ha remarcado que el informe concluye que estamos ante un nuevo escenario ligado al cambio climático, con importantes implicaciones en la seguridad ciudadana porque los siniestros forestales son cada vez más complejos, peligrosos y difíciles de gestionar, dada su intensidad y su riesgo.

El Gobierno, ha asegurado Grande-Marlaska, «va a seguir trabajando para reducir la amenaza que los incendios forestales suponen para las personas, para sus bienes e infraestructuras, así como para nuestro patrimonio natural, que es un tesoro que debemos preservar a toda costa».

Asimismo, el ministro ha insistido en la necesidad de trabajar con anticipación y con la ayuda de la ciencia para afrontar escenarios futuros fruto del clima y de la acción humana.

Ayudas contra la exclusión social

La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensaLa ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

El Consejo de Ministros ha aprobado transferir 295 millones de euros a las comunidades autónomas para trabajar con las entidades del tercer sector que atienden a personas en riesgo de pobreza y exclusión social o que sufren una especial vulnerabilidad. La distribución se ha pactado con las comunidades.

Esos fondos, procedentes de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, suponen un incremento del 14,4% respecto al reparto anterior.

La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Rodríguez, ha señalado que el Gobierno ya convocó las subvenciones correspondientes a su parte de la recaudación, por importe de 74 millones de euros.

Inversiones en transporte

En el capítulo de inversiones, el Gobierno ha aprobado varias iniciativas en materia de transporte.

Por un lado, ha destinado 147 millones de euros a cuatro contratos de obras en el ámbito ferroviario. En concreto, 76 millones se dedicarán a impulsar la electrificación de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, y 68 millones a avanzar en la renovación de la línea Bobadilla-Algeciras.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado 124 millones de euros en ayudas a Canarias y Baleares para el descuento del 100% del precio de los abonos y títulos multiviajes del transporte público colectivo terrestre en esas dos comunidades.

Gestión del riesgo de inundaciones

En la rueda posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez y Fernando Grande-Marlaska han expresado la solidaridad del Gobierno con todos los afectados por las recientes lluvias torrenciales, especialmente con los familiares de las tres personas fallecidas en las localidades toledanas de Camarena, Vargas y Casarrubios del Monte. Prosigue, además, la búsqueda de otras personas desaparecidas.

Fernando Grande-Marlaska e Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa del ConsejoEl ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Jose Manuel Alvarez

La portavoz del Ejecutivo ha reiterado el reconocimiento a todos los servidores públicos, empezando por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las policías locales, Protección Civil y los equipos de emergencia que han afrontado los efectos de unas tormentas que han alcanzado a una parte importante del país. También ha agradecido a la ciudadanía «su colaboración en unas circunstancias muy complicadas» y el respeto a las indicaciones de las autoridades «para mejorar la reacción ante estas inclemencias».

Isabel Rodríguez ha recordado la reciente aprobación por parte del Ejecutivo de planes para la gestión de las inundaciones, «porque somos conscientes de que el cambio climático está aquí, que se expresa de distintas formas, con veranos calurosos, con grandes sequías, pero también con extremadas situaciones de inundaciones como las que hemos vivido».

Esos planes, que abarcan desde la prevención y la protección hasta la reparación de los daños, se están implementando con un presupuesto público de más de 2.200 millones de euros. «Mostramos así la colaboración del Gobierno de España con todas las administraciones, especialmente con las locales», ha manifestado Rodríguez.