A juicio cuatro ex altos cargos por la ampliaci贸n del puerto de Gij贸n


Madrid, 15 ene (EFE).- La Audiencia Nacional juzga desde este lunes las supuestas irregularidades detectadas en la ejecuci贸n de las obras de ampliaci贸n del puerto de El Musel, en Gij贸n (Asturias), por las que est谩n acusadas una veintena de personas, entre ellas cuatro ex altos cargos de Puertos del Estado, que afrontan peticiones de condena de la Fiscal铆a de entre dos y tres a帽os de prisi贸n.

Entre ellos figura quien fuese secretario de Estado de Transportes con Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero en el Gobierno, Fernando Palao, y el expresidente de Puertos del Estado Mariano Navas, para quienes la Fiscal铆a solicita tres a帽os de prisi贸n y nueve de inhabilitaci贸n.

Para el expresidente del puerto gijon茅s Fernando Men茅ndez pide tres a帽os de c谩rcel y 25 de inhabilitaci贸n por supuesto fraude y prevaricaci贸n, mientras que para el exdirector del puerto de El Musel Jos茅 Luis D铆az Rato, solicita tres a帽os de prisi贸n y 18 de inhabilitaci贸n.

La Fiscal铆a reclama asimismo al expresidente del puerto gijon茅s el pago de una indemnizaci贸n de 8,3 millones a la Asociaci贸n de Vecinos del Alto Abo帽o por la expropiaci贸n de unos terrenos que no se llegaron a utilizar y que conllev贸 el derribo de varias edificaciones, y considera responsable civil subsidiario a la Autoridad Portuaria de Gij贸n.

Las obras en las que se centra este caso fueron adjudicadas por 580 millones en 2005, pero finalmente costaron m谩s de 800 millones, lo que supuso un aumento de 250 millones; se financiaron en parte con fondos europeos, pero en vista de las sospechas de irregularidades en su ejecuci贸n la Comisi贸n Europea solicit贸 a Espa帽a que devolviese la subvenci贸n de 247,5 millones concedida al proyecto.

La Fiscal铆a comenz贸 a sospechar tras un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que puso el foco en 芦algunas de las graves irregularidades detectadas en la ejecuci贸n de la obras de ampliaci贸n del puerto de El Musel禄, seg煤n se帽al贸 la Audiencia Nacional cuando dictamin贸 la competencia de este tribunal para investigar estos hechos porque la presunta defraudaci贸n de fondos p煤blicos pudo afectar a la econom铆a nacional.

Junto a los cuatro ex altos cargos, tambi茅n se sentar谩n en el banquillo 17 responsables de las empresas que formaban parte de la UTE Dique Torres (Dragados, Drace, Sato, FCC y Alvargonz谩lez Contratas), que result贸 adjudicataria de la obra. La Fiscal铆a pide penas de dos a帽os de prisi贸n y nueve de inhabilitaci贸n para ellos.

El fiscal considera que la cementera Tudela Vegu铆n (Grupo Masaveu) fue part铆cipe a t铆tulo lucrativo por valor de 80 millones de euros en el proyecto al alcanzarse 芦acuerdos paralelos禄 que supusieron unos notables beneficios econ贸micos para la empresa, que s贸lo factur贸 a la UTE el importe relacionados con la explotaci贸n de las canteras, 芦sin que se pactara ninguna contraprestaci贸n econ贸mica directa por la extracci贸n de los materiales禄.

No obstante, la UTE admiti贸 haber abonado esos 80 millones de euros, al margen de las compras de cemento, a Tudela Vegu铆n por unas contraprestaciones complementarias 芦que no fueron nunca facturadas禄 destinadas a varias obras en beneficio de la empresa cementera, a la que la Fiscal铆a pide que indemnice por esa cuant铆a al Estado.



Source link